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La expansión silenciosa de las juntas de control fiscal en EE.UU.

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Alice Rivlin/ presidenta de la JCF de Washington D.C./ vía visualhunt

Sin distinción de su tamaño, la cantidad de habitantes o del problema fiscal que tengan, las ciudades estadounidenses bajo juntas de control fiscal se han enfrentado a una fórmula que consiste principalmente en el despido de empleados públicos, recorte en las pensiones, aumento del costo de la educación universitaria y reducción de servicios esenciales, como la salud. Las estructuras, las leyes que las habilitan y los nombres de las juntas varían; las políticas públicas que imponen, no tanto.

A pesar de la normalización de las juntas y de sus amplios poderes, el gobierno federal y el Congreso carecen de mecanismos de fiscalización, estudios, bases de datos o alguna entidad que monitoree activamente su impacto o eficiencia, encontró el Centro de Periodismo Investigativo.

“En Estados Unidos no existe un lugar que tenga información centralizada (sobre las juntas de control fiscal). Tampoco existe una definición real sobre lo que es una junta”, afirmó Deborah Kobes, autora de la tesis Out of Control?: local democracy failure and fiscal control boards, publicada en 2009.

Algunas ciudades cuentan con un síndico, que es una persona nombrada para tomar control sobre una agencia o gobierno local. Puede tener diferentes títulos: coordinador, supervisor o emergency manager, como fue en el caso de Detroit, Michigan.

“Puede ser una junta completa, puede ser solo una persona que es nombrada por el Estado, pero las características de su poder se alinean con lo que se piensa que es una junta de control. No hay una sola forma de identificar todos los ejemplos que existen, debido a la variedad de formas en que son implementadas”, dijo la doctora en política económica urbana.

Las juntas son creadas por leyes estatales, como en Detroit, que ha tenido dos juntas con diferente nombre desde el 2013, o por leyes del Congreso, como es el caso de Puerto Rico y Washington D.C.. En ambos escenarios, son concebidas como entidades temporeras, con la promesa de mejorar la situación fiscal, balancear presupuestos, pagar deudas y recuperar el acceso al mercado de bonos en localidades con “emergencia fiscal”.

Pero los costos sociales de las medidas que toman las juntas para lograr sus objetivos parecen no entrar en la ecuación, están siendo ignorados por los hacedores de política pública, o se consideran daños colaterales aceptables para mejorar las finanzas del gobierno. La ciudadanía, por su parte, suele tener expectativas de que las juntas traerán eficacia al gobierno, mejorarán la economía local o acabarán con la corrupción gubernamental.

Lea la historia completa: Centro de Periodismo Investigativo 

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