Inicio Gobierno y Política Avanza un nuevo modelo de gestión pública en Puerto Rico

Avanza un nuevo modelo de gestión pública en Puerto Rico

El gobierno como empresa.

368
Compartir
Suministrada

Esta historia es del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) 

“Queremos corporativizar al Gobierno de Puerto Rico”, es la primera frase que recuerda haber escuchado Christian Sobrino de parte de la principal firma asesora de la Junta de Control Fiscal.

Según el representante sin voto del gobernador Ricardo Rosselló ante la Junta, el comentario vino de un empleado de McKinsey, la firma de consultoría que funge como principal asesor estratégico de la entidad impuesta por la ley federal PROMESA. Sobrino habló sobre el tono condescendiente que utilizan frecuentemente los empleados de esa firma, a los que llamó “McKinsey-bots”, adscribiéndoles la automatización de un robot. Sostuvo que McKinsey brinda un análisis erróneo a la Junta, mientras que fomenta la percepción de que el Gobierno electo es incompetente. “No solamente son inefectivos, sino que están causando daño a la gente”, opinó.

McKinsey negó las imputaciones. Aseguró que el comentario citado por Sobrino tergiversa “los objetivos y la sustancia” del trabajo que realiza en la isla. La idea, sin embargo, de “corporativizar” la gestión pública en Puerto Rico no parece estar muy lejos del expertise que esta empresa trae a la mesa.

McKinsey está “haciéndolo todo”

A través del plan fiscal, el Gobierno de Puerto Rico implementa ideas de McKinsey — o “metodologías”, según el contrato con la Junta. La firma reclama derechos propietarios sobre estas ideas. McKinsey lleva la voz cantante al momento de confeccionar los planes que imponen cientos de millones de dólares en recortes presupuestarios, la consolidación de decenas de agencias y la eliminación de beneficios marginales para empleados públicos, como el bono de Navidad. Asesora además en las llamadas “reformas estructurales” — cambios en la política pública tales como las reformas en educación y salud, y la derogación de las protecciones laborales contra el despido injustificado. Diseñó la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y analiza las opciones para transferir la Autoridad de Carreteras, o parte de esta, al sector privado. También es vigía de la Junta: monitorea que el Gobierno implemente los planes fiscales y los presupuestos aprobados por el ente rector.

“Están haciéndolo todo. Si McKinsey se va, la Junta esencialmente dejaría de existir”, dijo un oficial del Gobierno federal que conoce del trabajo de la firma en Puerto Rico. Por sus servicios, McKinsey ingresa cada mes alrededor de $3 millones. Hasta el pasado mes de enero, la cuenta iba por $72 millones en fondos públicos desde noviembre del 2016, fecha en que la firma comenzó sus labores.

“Nosotros, como asesor, nunca tomamos decisiones de política pública”, ripostó Bertil Chappuis, un puertorriqueño de 52 años y uno de los socios sénior de McKinsey encargados de la relación entre la firma y la Junta. Rechazó que McKinsey tenga tal nivel de influencia sobre los trabajos de la Junta. “Somos investigadores (fact-finders), analistas, creadores de opciones (framers)”.

Correos electrónicos entre el Gobierno y la Junta obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) como parte de un litigio, muestran la comunicación constante que mantienen empleados de la firma con distintas agencias, principalmente la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), entidad dirigida por Sobrino.

McKinsey pide, recibe y examina regularmente información financiera del Gobierno, incluyendo a través de un repositorio digital al que funcionarios públicos y de la Junta conocen como el “McKinsey dropbox”. Las labores de la firma también incluyen la redacción de las cartas que identifican las “violaciones” al plan fiscal de parte de la administración Rosselló Nevares.

Parte del trabajo que realiza McKinsey lo llevan a cabo jóvenes graduados de las mejores universidades de Estados Unidos, según revelan los emails obtenidos por el CPI y las facturas presentadas por McKinsey como parte del proceso de quiebra.

Seis meses después de conseguir su bachillerato en el 2017, un egresado de la Universidad de Yale figura en la lista de invitados de asesores de la Junta a una reunión para discutir los supuestos macroeconómicos de la isla. Su experiencia laboral antes de llegar a McKinsey era dar recorridos, en español e inglés, alrededor de la universidad. Otro joven de 31 años, y graduado de la Universidad de Harvard y Johns Hopkins, fungió como consultor sénior de la firma, bajo el título de “integrating thought leader” para el caso de Puerto Rico. Un miembro de la clase graduanda del 2016 de la Universidad de Columbia ayudó a analizar si el Gobierno se quedaría sin dinero si fallaba en implementar recortes al gasto público. Otro recién graduado de la Escuela de Gobierno de Harvard, miró a profundidad — “deep dives” — los presupuestos de Educación y Turismo, al igual que examinó las pensiones de los policías. Entre los analistas a cargo de revisar los estimados de daños tras el paso del huracán María en el 2017 había uno que se acababa de graduar ese mismo año de la Universidad de Yale.

A juicio de Sobrino, muchos de estos jóvenes llegan a trabajar con el caso de Puerto Rico por un corto periodo de tiempo, y luego se van de McKinsey.

Esta historia está disponible en este enlace: https://bit.ly/2ZiAvhm .

Comments

comments

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here